APOYÁNDONOS PARA SUPERAR ADVERSIDADES

El incremento de la temperatura ambiental y la irresponsable aplicación de prácticas humanas, expresaron su asociación devastadora durante el último mes, causando incendios forestales en distintos sectores de Sudamérica, arrasando con incalculable e invalorable biodiversidad, afectando la calidad de vida de mucha población, agudizada en sectores vulnerables, como población rural e indígena. En Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) llegó a registrar mas de 360 incendios forestales. Probablemente, hubo mayor número debido a su rápida propagación agudizada por el intenso calor, con sensación térmica cercana a 50°C; además, motivado por la irresponsable práctica de quemas sin ninguna medida de control; y, en algunos casos, presuntamente, ocasionados. La Defensoría del Pueblo, según Informe Defensorial N° 225-2024- DP “Informe de Supervisión en el marco de los incendios forestales 2024: Impacto, responsabilidad y vulneración de derechos fundamentales”, dio cuenta que los incendios forestales generaron pérdida de 27,118 hectáreas de ecosistemas, principalmente bosques y pastizales, en los departamentos Ucayali, Áncash, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Junín, San Martín, Arequipa, La Libertad y Apurímac. Igualmente, se han visto afectadas Áreas Protegidas como los Parques Nacionales Huascarán (Áncash) y Cerros de Amotape (Tumbes) y la Zona de Amortiguamiento del Santuario Nacional Pampa Hermosa (Junín). En el aspecto humano, hubo múltiples afectaciones a la salud, principalmente por irritaciones a la vista, inflamación de vías respiratorias e infecciones estomacales. Más duramente, INDECI registró la pérdida de 24 vidas humanas, por quemaduras y asfixia, es el caso de fallecimiento de un agricultor de 51 años asfixiado mientras intentaba proteger su plantación de cacao en Ucayali. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP, reportó la alarmante situación que afrontaron los pueblos indígenas encontrando 47 comunidades nativas afectadas en las regiones de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, con pérdida de invaluable biodiversidad y ecosistemas, lo cual, constituye el medio de vida comunal, su historia y fuente de provisión de alimentos, medicina, mas aún, aseguran el flujo hídrico, calidad de aire y un ambiente saludable.

INSUFICIENTES MECANISMOS DE RESPUESTA INSTITUCIONAL

A pesar de la situación desproporcionada de incendios en buena parte de Bolivia y Brasil, en el Perú se asumió una postura calmada. En declaraciones del Primer Ministro Gustavo Adrianzén, advertían que los incendios forestales no mostraban magnitudes como para emitir una Declaratoria de Emergencia Ambiental, señalando que años anteriores hubo mayores registros; por ello, una tardía reacción del Gobierno y puesta en marcha de acciones de emergencia. A poco más de una semana de esfuerzos locales y un voraz avance de los incendios forestales, la Presidencia de la República, emitió el Decreto Supremo N° 097-2024-PCM, que, “Declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, San Martín y Ucayali”, el mismo, define un alcance a 23 distritos entre los departamentos citados. Visto la dimensión de la catástrofe, probablemente el alcance del citado instrumento normativo, resultó insuficiente. El desempeño del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), conformado por INDECI, Ministerios y Gobiernos Regionales y Locales, aparentemente, encontró una situación difícil de controlar, evidenciándose las insuficientes condiciones institucionales para atención a catástrofes, particularmente, incendios forestales; así, relatado por la Defensoría del Pueblo – mediante Informe Defensorial N° 225- 2024 – señalando las debilidades presupuestales y de equipamiento para atención a desastres de esta naturaleza. La respuesta del Cuerpo de Bomberos del Perú fue sacrificada y esforzada ante una situación que mostraba diferentes frentes de avance. Particularmente, el Cuerpo General de Bomberos, en su mayoría con especialización Estructural (para atención a incendios en edificaciones) y voluntarios, no disponen de personal suficiente, tampoco de equipamiento e incentivos adecuados para facilitar su labor; de otra parte, el Cuerpo de Bomberos de Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), formados específicamente para atención a incendios forestales en Áreas Naturales Protegidas, disponen de adecuado equipamiento y entrenamiento, pero su personal es limitado. A ello, sumado el reto por mejorar la Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD) con base en articulación institucional, a fin de mejorar la capacidad operativa y condiciones de participación del personal Bombero, mejorar los mecanismos de previsión, para evitar o minimizar impactos que, probablemente, resulten recurrentes ante una situación global de crisis climática. De manera general, probablemente, el SINAGERD deba reflexionar en sus mecanismos de respuestas ante desastres, adecuar sus lineamientos para generar mayor dinámica de involucramiento ministerial, particularmente, permitiendo un involucramiento rápido y directo de instituciones como SERFOR, SERNANP, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, incorporando la participación especializada de organizaciones indígenas, bajo la dirección de INDECI y Gobiernos Regionales y Locales, a fin de, efectivizar la operatividad multisectorial en el contexto local en respuesta a incendios forestales u otros desastres naturales a las que la población se encuentra expuesta.

LA POBLACIÓN RURAL, INDÍGENA Y NO INDÍGENA, NO ESTÁ PREPARADA

La reciente catástrofe ambiental, pone en evidencia la falta de preparación poblacional en ámbitos rurales para prevenir, evitar y/o minimizar impactos nocivos al ambiente y a la vida humana. No disponiendo de organización, protocolos, entrenamiento y equipamiento la población cae en pánico y con mayor exposición de su integridad física. Las organizaciones Indígenas, presentando una de las mejores estructuras de organización poblacional en el ámbito nacional, muestran importante debilidad ante incendios forestales, no disponen de organización especializada, conocimiento técnico, equipamiento y protocolos internos; con ello, nula capacidad de respuesta comunal, incrementando la vulnerabilidad de sus territorios, recursos naturales y su población. De manera general, las malas prácticas para realizar quemas a campo abierto representan una costumbre amenazante. En la amazonía y el ande, el fuego es usado con mecanismo de limpieza de extensas áreas en la preparación de terreno para la siembra, incluso como método de control de plagas. ¿Es malo quemar?, creemos que no. Sin embargo, esta práctica, encuentra una sociedad sin procedimientos, ni regulación, ni asistencia pública para realizarlo sin ocasionar perjuicios ambientales o sociales. En ámbitos comunales amazónicos, encontramos que, durante la última década se incrementaron las amenazas ambientales y socioculturales; sin embargo, no fue previsto la ocurrencia de incendios forestales, cabe resaltar, agravado por la intensa sequía y malas prácticas de quemas – de chacras - a campo abierto. Resulta necesario mejorar estrategias de gobernanza, como medio para implementar una intervención articulada y planificada. En el corto plazo, probablemente, requiera implementar medidas informativas, mejorar esquemas organizativos y generar lineamientos o protocolo de respuesta comunal; así mismo, dinamizar la interlocución entre instituciones públicas y la población, particularmente, en ámbitos rurales.

FALTA UNA ADECUADA POLÍTICA NACIONAL PARA ATENCIÓN A INCENDIOS FORESTALES

El Perú dispone de base normativa para casos de incendios forestales, tipificado como Delito Ambiental, por resultar extremadamente dañina para el medioambiente, la biodiversidad y la población. En este sentido, la Ley que Modifica Artículos del Código Penal y de la Ley General Del Ambiente (Ley N° 29263, Artículo 310°), impone pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años, en caso del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (DS N° 021-2015-MINAGRI, Artículo 207° y 209°), categoriza al incendio forestal como falta muy grave, con sanciones valorizadas hasta en cinco mil (5000) UIT; así mismo, Cabe resaltar el énfasis sancionador del marco legal y muy poco educador, a fin de evitar este tipo de catástrofes; sin embargo, estas disposiciones son débilmente tomadas en cuenta por el sector público y mucho menos la sociedad civil. Es necesario orientar la política pública para fines educativos, orientativos y mejorando capacidades organizativas en la población, particularmente, en ámbitos rurales, de modo que, el primer frente de atención a desastres – caso incendios forestales - muestre capacidades suficientes para prevenir e intervenir de manera articulada, evitando o minimizando daños al medioambiente y/o a la vida humana, en muchos casos, irreparables. Probablemente, resulte necesario que, el Estado defina una Política Nacional para Atención a Incendios Forestales; así mismo, SINAGERD debería evaluar sus alcances y lineamientos para mejorar acciones articuladas con mayor eficiencia participativa y oportuna. En igual importancia, fortalecer la institucionalización del Cuerpo General de Bomberos especializada para atención a Incendios Forestales y la capacidad de respuesta de la población rural.